Hace casi dos años, el 19 de junio de 2023, Rubén Héctor Torres (52) tuvo la mala fortuna de no poder salir a tiempo de un sector violento, tomado por el narcotráfico y las bandas. Un tiroteo, otro más, se desencadenó en la puerta de su casa. Dos familias que hacía tiempo se disputaban aquello que nadie quiere confesar habían decidido volver a cruzar tiros. Y allí, en el medio, Torres quedó sin lograr escapar. Un balazo le impactó en el ojo y lo mató.

Cayó en la puerta de su casa, la 7 de la manzana D, en Villa Inés, a un paso de Campo de la Ribera. O, escrito de otra manera, en “la Quinta”, ese enorme conglomerado social conformado también por Maldonado, Müller y Bajada San José, donde lo único que sobra son armas y drogas. El resto, siempre falta.

La investigación llevó hacia un adolescente que acababa de cumplir 14 años como el autor material del crimen, junto a otro de 16 y uno un poco más grande, de 24. Para la ley, el asesino de Torres no era responsable por su edad.

S.Y.A. entró en el impotente circuito de la minoridad en conflicto con la ley penal. Un eufemismo que esconde culpas cruzadas de las que nadie parece hacerse cargo. La Justicia de Menores y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) terminan entrampadas en la burocracia del escritorio. Que es inimputable, que no puede ir a Complejo Esperanza, que los institutos son para niños víctimas y no victimarios, que hay que revincularlos con sus propias familias.

Sí, con los entornos que permitieron que S.Y.A. se convirtiera en uno de los asesinos más jóvenes de la historia criminal cordobesa. Y así fue que pronto volvió a su casa. A su familia, en un entorno donde casi todos tienen pesados antecedentes penales. Regresó al abismo. Al mismo barrio donde quedaba la familia del hombre que mató. Al entorno donde otros chicos de la misma edad ya saben lo que es robar, drogarse y perderse en una intemperie social que interpela demasiado desde hace tiempo. 

Nadie puede desconcer, a esta altura, a qué contexto regresó S.Y.A. Ya el año pasado, la Policía volvió a tenerlo en sus registros. Fue internado con un fuerte golpe en la cabeza, lo que obligo a realizarle puntos de sutura. El parte oficial consignó una riña con otros menores en una calle de barrio Maldonado.

Sólo siete días después, el 16 de octubre pasado, los efectivos volvieron a sentarlo en la parte de atrás de un patrullero: allí, en su barrio de siempre, había intentado asaltar al chofer de una aplicación de viajes, quien se resistió y lo hirió en una mano.

Fue curado en el Hospital de Pronta Atención San Jorge, y regresó a su casa. "Revincular", dijeron los empleados de la Senaf y la Justicia de Menores acató.

En el barrio aseguran que nunca dejó de robar ni de pelearse con otros jóvenes. ¿Qué trabajo social se hizo en el medio con él y su familia? ¿Acaso nadie se dio cuenta en qué entorno, en qué realidad continuaba viviendo?

El pasado 22 de mayo, hace sólo 15 días, la Policía lo detuvo cuando aceleraba por las calles de Campo de la Ribera con una moto robada. A la mañana siguiente, ya despertó en su casa de siempre. El circuito Senaf-Justicia de Menores volvió a repetir la misma estrategia de siempre.

Este lunes, lo detuvieron de nuevo tras asaltar al conductor de una aplicación de viajes. La reacción de los empleados estatales volvió a reproducirse.

El miércoles a la noche, otra vez fue capturado junto a uno de los jóvenes con los que había sido detenido el lunes, y otro adolescente que el domingo había sido aprehendido tras asaltar a varios conductores de aplicaciones de viajes. Ahora se los acusó de intentar quemar el auto particular de un policía que trabaja en la comisaría de barrio Müller. 

'Lo peor que puede responder un funcionario es que no pueden hacer nada con casos de este tipo. Por supuesto que siempre se puede pensar en alguna medida más inteligente', razonó indignado un experimentado fiscal de Córdoba.

En diferentes fiscalías se vienen acumulando cada vez más causas por robos en los barrios que tienen a jóvenes menores de 16 años, los inimputables del sistema, como miembros de las bandas delictivas, en las que también figuran muchachos que ya superaron los 18 años.

Los funcionarios judiciales que 'bajan' a los territorios ya hablan de una nueva generación que se ha sumado, como una capa más, al siempre complejo mundo del delito en Córdoba.

Hijos y nietos de familias marcadas por la delincuencia y la droga, ya muy conocidos por un sistema público que sólo parece resignarse a devolverlos al mismo lugar donde todo se desvió para ellos.

Armas, drogas y una cultura del delito que se expande desde hace tiempo, en sectores donde la Policía no suele ser bienvenida.

En el aparato de Seguridad de la Provincia vienen relatando, en una suerte de descripción casi diaria, cómo deben ir detrás de estos casos con chicos inimputables involucrados.

Desde la Senaf recogen el señalamiento y, por lo bajo, sus propios trabajadores reconocen las gruesas dificultades que encuentran para poder acercarse a esos barrios, donde todo parece ser urgente. Advierten que allí la protección policial es sólo un anhelo.